La expansión del comercio ilegal constituye uno de los fenómenos más complejos y desa- fiantes para la seguridad pública contemporánea, particularmente en América Latina, donde la convergencia entre economías ilícitas, criminalidad organizada y debilidad institucional ha adquirido creciente relevancia durante las últimas décadas. Tradicionalmente, el comercio ilegal fue interpretado como una manifestación de informalidad económica vinculada prin- cipalmente a estrategias de subsistencia desarrolladas en contextos de pobreza, desempleo y exclusión social1. Sin embargo, las transformaciones recientes de los mercados ilícitos trans- nacionales, junto con la expansión de organizaciones criminales altamente diversificadas y adaptativas, han modificado profundamente esta interpretación. En la actualidad, el comercio ilegal ya no puede comprenderse únicamente como una actividad económica informal marginal, sino también como un componente funcional dentro de estructuras criminales más complejas asociadas al contrabando, falsificación de productos, lavado de activos, control territorial y otras economías ilícitas.
